El candidato al Colegio de Abogados de San Isidro que quiere eliminar el token
En medio del malestar creciente por fallas técnicas, costos y burocracia, un candidato propone eliminar directamente el token en la Provincia de Buenos Aires. La idea abre un debate incómodo: por qué se sigue usando algo que en otras jurisdicciones ya no existe.
Hay pocas cosas que generen tanta coincidencia entre abogados como esto: el token es un problema.
Se pierde. Se vence. No funciona. Hay que configurarlo. Hay que renovarlo. Y cuando falla, el problema no es del sistema: es del abogado que no pudo presentar.
Sin embargo, durante años, el tema se mantuvo en un lugar extraño: todos lo padecen, pocos lo cuestionan en serio.
Hasta ahora.
En el marco de la campaña para el Colegio de Abogados de San Isidro, Juan Formaro puso el tema sobre la mesa con una propuesta concreta: eliminar el token como requisito para litigar en la Provincia de Buenos Aires.
El planteo parte de algo difícil de discutir:
- En la justicia nacional no se necesita token.
- En la Ciudad de Buenos Aires tampoco.
- Ni siquiera para llegar a la Corte Suprema.
Entonces, la pregunta aparece sola: ¿por qué en la Provincia sí?
No hay una respuesta clara que justifique la diferencia. Sí hay, en cambio, una consecuencia evidente: más complejidad.
El token no es solo un dispositivo. Es una carga operativa.
Implica un costo económico directo, tiempo de gestión para obtenerlo y renovarlo, dependencia técnica por drivers, compatibilidad e instalación, y un riesgo concreto: quedarse sin poder trabajar si algo falla.
A eso se suma un entorno que tampoco ayuda: caídas del sistema, errores en presentaciones, demoras y soluciones improvisadas.
En ese contexto, el token deja de ser una herramienta de seguridad y pasa a ser un punto crítico más.
Lo llamativo no es solo el problema, sino el silencio.
Durante años, la conducción de los colegios y los organismos vinculados al sistema judicial provincial mantuvieron una postura más bien contemplativa: sin confrontación, sin presión real y, sobre todo, sin cambios estructurales.
Mientras tanto, la carga sigue recayendo sobre los mismos: los profesionales que trabajan todos los días en tribunales.